Aún cuando la polémica sigue encendida tras la polémica aprobación de la controvertida central termoeléctrica a carbón, Castilla, vinculada al mediático empresario brasileño Eike Batista, prepara en marzo una gira a Chile.

La aprobación de  Castilla vuelve a poner en tela de juicio nuestra institucionalidad ambiental. Es que en verdad es por decir lo menos poco rigurosa la composición de los miembros que toman decisiones tan relevantes para el país. Y para ser justos, esto se arrastra de las anteriores gobiernos, sin embargo ya es hora de modificarlo. No es concebible que quienes deciden, aparte de tener nula preparación académica y expertise en el tema, sean autoridades que dependen exclusivamente del ejecutivo.

Sí, porque la Comisión de Evaluación Ambiental la integran el intendente y los  seremis de Medio Ambiente; Salud; Economía, Fomento y Turismo; Energía; Obras Públicas; Agricultura; Vivienda y Urbanismo; Transportes y Telecomunicaciones; Minería; Planificación, y el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que reemplaza a la Conama. La principal diferencia con las Corema es que ya no votan los gobernadores, los consejeros regionales ni los seremis de Bienes Nacionales y Educación, y se incorpora el seremi de Medio Ambiente.Aunque para el caso da exactamente lo mismo porque todos son nombrados por el ejecutivo.

Un total de US$ 4.400 millones demanda el proyecto que tendrá una capacidad de 2.100 MW, unos 150 MW menos del original, debido a exigencias de la autoridad. Sin embargo, es el mayor complejo eléctrico aprobado en el país y, además, es el segundo proyecto más grande tras HidroAysén. Este último podrá generar 2.750 MW.

Respecto del aporte de la Central Castilla al aumento de la oferta eléctrica del país, el gerente general de CGX Chile (filial de MPX), Pedro Litzek, explica que en los próximos 10 años lograrán cubrir entre el 10% y 15% de los nuevos requerimientos de generación del Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece al 93% de la población.

Litzek indicó que la primera unidad a carbón de Castilla (de 350 MW, y en la que invertirán unos US$ 1.000 millones) debería empezar a construirse en 2012 y entrar en operación a fines de 2015.

Ahora, la compañía se enfocará en la firma de contratos de suministro con clientes, especialmente mineras y contratos con empresas constructoras que desarrollen la central completa. Dan por hecho que los recursos ante la Justicia que presentarán los grupos opositores no prosperarán.

En principio, el proyecto total tardaría 15 años en desarrollarse.

Fuente: www.chilerenovables.cl