En anteriores ocasiones hemos dado cuenta que las exportadores chilenos deben subirse más temprano que tarde al carro de la certificación de la huella de carbono no por una cuestión de conciencia ecológica, sino por una cuestión de mercado.

Un caso que destacamos anteriormente fue el de la Viña Concha y Toro que fue más allá  y certificó su huella del agua. Ver post aquí….

En innovación ambiental se da cuenta de nuevas noticias que acelerarán esas exigencias

Países desarrollados como Francia ya han aprobado una normativa al respecto, y se espera que otras economías importantes también la adopten, sin consultar instancias multilaterales. Los expertos, incluido el ex Presidente Ricardo Lagos, tienen claro que especificar la trazabilidad de la huella de carbono de nuestras exportaciones será pronto una exigencia para la competitividad de nuestros productos. Hasta el momento, el sector agrícola lleva la delantera.

El 1 de enero de 2011 empezará a regir en Francia la ley Grenelle 2, dentro de la cual se regula un tema que cada vez toma más vuelo a nivel mundial: la huella de carbono. A partir de ese día, los productos con mayor impacto ambiental -como los alimentos y derivados- deberán informar sobre las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) que generó su elaboración y transporte. No habrá distinciones entre productos locales o importados, y progresivamente se extenderá a todo tipo de artículos. En medio de los preparativos a nivel mundial para una de las negociaciones más importantes sobre cambio climático que se desarrollará en Copenhague a fin de año, esta señal del país galo es más que potente. Porque aunque es un tema a más largo plazo y no se está tratando multilateralmente, todo apunta a que los mercados empezarán a seguir sus pasos y a regular de distintas formas el tema de la trazabilidad.

Así lo entiende el ex presidente Ricardo Lagos, que durante el seminario “Cambio Climático ¿Oportunidad o Amenaza para la Economía Chilena?”, impulsado por la Fundación Chile, aseguró que aunque no haya acuerdo en Copenhague los países desarrollados de todas formas harían sus propios compromisos en términos de reducción, lo que a la larga implicaría que a sus socios comerciales se les exigiría la trazabilidad de la huella de carbono.

Según el director del área agricultura, industria, infraestructura energética dependiente del ministerio francés de Ecología, Martín Bortzmeyer, el rol del Estado en este aspecto es fundamental, ya que si bien en su país la iniciativa partió desde los privados “nos pareció muy importante que los métodos de aplicación fueran homogéneos, transparentes y validados”.

Por eso “organizamos un debate muy amplio con las empresas, asociaciones profesionales y ONG medioambientales”. En conjunto, todos estos actores definieron la ley Grenelle 2.

El boom de la huella de carbono

No sólo en Francia se están tomando cartas en el asunto. Si bien en ningún otro país hay una regulación a nivel nacional, en otros Estados existen iniciativas sectoriales. Por ejemplo, en Inglaterra algunas cadenas de supermercado, como Tesco, anunciaron su voluntad de crear y fomentar el uso de etiquetas que informan sobre la huella de carbono de los productos que comercializan.

En Estados Unidos también hay señales: en el Congreso se está discutiendo la idea de que a partir de 2020 se establezca la obligación de que los productos de importación que provengan de países que no tienen obligaciones de reducción de emisiones comparables a los de Estados Unidos, deban comprar compensaciones de reducción. Una iniciativa parecida se encuentra en el Parlamento Europeo.

El director de la división de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal, José Luis Samaniego, explica que a diferencia de la discusión del cambio climático en Copenhague, aquí no caben las negociaciones. “No le van a preguntar a Chile qué prefiere, sino que lo impondrá el mercado de destino. A lo mejor habrá algún espacio para hacer consultas con los países de quienes se importa, pero en general es parte de una política doméstica nacional”.

Además, señala que no hay ningún signo de “que se vaya a tratar de un modo más benigno a las importaciones de los países en vías de desarrollo porque, por ejemplo, estén geográficamente lejos. En el caso de Francia aplicarán sus reglas a todos los productos”.

Preocupación de privados v/s rol del Estado

Samaniego explica que la ecuación de qué tan carbónico es un producto tiene tres elementos que lo definen: cómo se produjo- lo que depende directamente del empresario- cuáles son las fuentes de energía que se utilizaron -en el caso del consumo de electricidad depende de la matriz energética del país-, y el transporte, ligado a la oferta disponible.

Desde la Conama, Álvaro Sapag, señala que el tema “es una relación básicamente entre privados. No hay ninguna norma establecida por un país respecto a los productos que digan relación con huella de carbono: estas son prácticas que han adoptado algunos agentes económicos como una ventaja competitiva”.

Y asegura que “es bueno determinar la intensidad. Aunque no necesariamente que uno tenga un porcentaje importante de generación eléctrica en base a carbón significa que todos tus productos tendrán esa huella, porque no todos consumen al mismo nivel”.

Al respecto, Samaniego señala que efectivamente es un problema de particulares y el mercado. Pero especifica “que hay términos de esta ecuación carbónica en donde el particular tiene muy poca influencia: la matriz energética y la intensidad carbónica del transporte”.

Según un reciente estudio del programa de Gestión y Economía Ambiental de la Universidad de Chile, se proyecta que al 2030 la generación eléctrica pasará a depender en un 60 por ciento del carbón. Por ello, el experto explica que es necesario apuntar a una matriz menos intensa en carbón “porque el país sabe que las exportaciones pueden ser puestas bajo tensión. Y ojalá puedan ponerse de acuerdo con los transportistas y entre los países que van al mismo lugar de destino para tener medios menos intensos en carbono”.

En todo caso, dice que es muy posible que Chile “esté delante de muchos países de América Latina con respecto a este tema”. Sobre todo en el sector agrícola. Aunque a niveles más macro considera que no hay movimientos importantes por parte del gobierno para adecuarse a la huella de carbono.

“La discusión en el ámbito energético aún está centrada mucho en la seguridad, sobre soluciones para el cortísimo plazo. Me parece que hay espacio aún para que entren consideraciones de tipo climático y carbónico en esas decisiones. No es que se ignoren, hay conciencia del cambio climático, pero creo que para haber un cambio todavía falta. No se toma como un tema de tanta importancia ni se ven tan claras las repercusiones que puede tener”, señala.

Para el presidente del Consejo de Innovación, Eduardo Bitrán, “el rol del Estado es importante. Tiene que haber un rol en sentido de decir esto viene, informar, pero al mismo tiempo estimular que se haga innovación para prepararse para el momento en que esto se instale. Y eso requiere trazabilidad, incluso normas que tienen que ver con ámbito público en las exportaciones”.

¿Y qué se está haciendo en Chile?

Algunos sectores ya están tomando cartas en el asunto, como la industria vitivinícola y minera.

Desde el Ministerio de Agricultura (Minagri) hay consciencia de lo que se viene. Quizás porque agricultura fue el sector donde comenzó el tema de la huella de carbono, metodológicamente hablando.

Además, porque ahí proyectan los cambios que se producirán por la alteración del ciclo hidrológico que provoca el traslado de los cultivos hacia el sur.

Sergio González, investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), La Platina, señala que su equipo está haciendo un estudio encargado por la Fundación para Innovación Agraria (FIA) perteneciente al ministerio liderado por Marigen Hornkohl. La idea es elaborar la huella de carbono en términos preliminares de los principales productos agropecuarios de exportación como uva de mesa, vinos (cuyo gremio además está trabajando en un proyecto sobre el tema con la Universidad Alberto Hurtado), quesos de leche bovina, entre otros.

Para ello trabajan con la Asociación de Exportadores y otras 15 entidades asociadas. De esta forma, se busca “definir una metodología que sea compatible con exigencias que se están generando desde afuera y que tome en cuenta el estado del arte en Europa y en Nueva Zelandia. Lo de Francia detona mayor preocupación por el tema porque empiezan a concretarse cosas”, explica el ingeniero agrónomo.

El también miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), asegura que “el círculo empieza a cerrarse”. Por lo que esta medida es fundamental para estar un paso adelante y no perder competitividad.